Los Ángeles.- Los Ángeles se convirtió en la mayor ciudad estadounidense en sumarse a la ofensiva contra la ley antiinmigrante 1070, en una medida que afectaría unos 8 millones de dólares en contratos.

El concejo municipal aprobó la medida por 13 votos a favor y uno en contra. La resolución exhorta a la ciudad a dejar de hacer negocios con Arizona, aunque las autoridades tendrán que evaluar cada contrato para asegurarse de que no corren el riesgo de ser demandadas.

La ciudad tiene aproximadamente 52 millones de dólares en contratos con compañías en Arizona. Fuentes oficiales aseguran que la medida no afectará contratos de mayor tamaño, como los de aeropuertos, puertos y plantas de agua y electricidad.

El concejo debería considerar suspender viajes, recortar contratos y evitar hacer nuevos tratos con empresas con sede en Arizona, de acuerdo con las recomendaciones de un informe municipal. El Alcalde, Antonio Villaraigosa, ha dicho que aprobaría la medida.

Sin embargo, la concejal Janice Hahn, copatrocinadora de la resolución, dijo que no sería práctico cancelar la mayoría de esos tratos y que sólo entre 7 y 8 millones de dólares en contratos municipales podrían verse afectados.

La resolución alega que la nueva ley de Arizona es anticonstitucional y alienta la discriminación racial.

Antes que Los Ángeles, otras ciudades de California, como Oakland y San Diego, ya habían aprobado resoluciones pidiendo boicot en protesta por la ley. Otras urbes del país han hecho lo propio.

PIDE ONU A ARIZONA RESPETAR DH
La nueva ley de Arizona contra la inmigración indocumentada podría violar las normas internacionales sobre derechos humanos que son vinculantes para Estados Unidos, advirtieron seis especialistas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Una tendencia preocupante de la actividad legislativa, hostil a las minorías étnicas y los inmigrantes, ha sido establecida con la adopción de una ley de inmigración que podría permitir medidas policiales contra individuos con base en su aparente origen étnico”, señalaron los especialistas en Ginebra.

El grupo lo integran el relator especial de la ONU sobre derechos de los inmigrantes, Jorge Bustamante; el relator especial de formas contemporáneas de racismo, discriminación racial y xenofobia, Githu Muigaim; y el relator especial sobre el derecho a la educación, Vernor Muñoz Villalobos.

También incluye al relator especial de la situación de derechos humanos y libertades de los pueblos indígenas, James Anaya; la experta independiente en derechos culturales, Farida Shaheed; y el experto independiente en asuntos de minorías, Gay McDougall.

La nueva ley de Arizona contra los indocumentados requiere a la Policía detener primero a una persona por la presunta comisión de un delito o falta antes de indagar sobre su situación legal en el país, si hay razones fundadas para sospechar que se encuentra ilegalmente en Estados Unidos. Además, considera un delito estatal residir ilegalmente en el país.

“Las normas internacionales relevantes requieren que la detención sea efectuada solamente como medida excepcional, justificada, estrechamente dirigida y proporcional a cada caso individual y que sea sometida a la revisión judicial”, indicaron los expertos.