Los Angeles, Cal.- Los ánimos están caldeados y se espera una enérgica protesta por parte de la comunidad Angelina inmigrante, señalaron algunos líderes migrantes que ya se alistan para la gran marcha del primero de mayo.

“Ya estamos listos con las pancartas y las consignas”, dijo un representante de la comunidad inmigrante de Puebla.

Por su parte la comunidad oaxaqueña esta lista para participar este sábado en la marcha, congregándose a las 9:30 a.m. en el cruce de la calles Hill y 9 del centro de la ciudad.

El presidente de la Organización Regional de Oaxaca (ORO), Mauro Hernández comentó que todo esta listo para la participación de la comunidad oaxaqueña en una marcha en la que se espera gran participación.

En esta marcha participarían unidas las organizaciones oaxaqueñas Federación Oaxaqueña (FOCOICA), Frente Indígenas de Organizaciones Binacionales (FIOB) y ORO.

Sergio Mejía es uno de los que estarán en la manifestación y esta haciendo su labor para que sus familiares lo acompañen este sábado. Mejía dijo que él ha participado en todas las marchas proinmigrantes desde la gran marcha del 2006.

Sergio Mejía, confia en que la comunidad derote la controvertida ley SB1070.

“Participe en la grande y en todas las demás marchas porque creo que tenemos que hacer presión para que nos escuchen. Yo voy a veces a ayudando para poner orden o donde me pongan las organizaciones, sobre todo Hermandad Mexicana”, comentó Mejía quien emigró de Guadalajara, Jalisco; a los Estados Unidos en la década de los 70’s.

El trabajador de la construcción y el campo, recordó que en 1979 sacó su seguro social, pero nunca tramitó su residencia porque era fácil el paso para llegar a Estados Unidos.

“Antes era fácil, cada rato iba y venia sin papeles, me decían mis parientes que me hiciera residente pero no hice caso y ahora aquí estoy en busca de la reforma migratoria”, comentó Mejía quien tiene nueve años sin poder salir del país.

“Vamos a marchar y vamos a pedir que eliminen la ley de Arizona (SB1070), que seguramente van a echar para atrás”, confió Mejía.

Sobre la controvertida ley SB1070 los consejeros del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) manifestaron su confianza en que se pueda echar abajo por la vía legal.

Como medida de presión proponen que los ciudadanos de Sonora minimicen los gastos en los puntos fronterizos con Arizona, no asistir a eventos deportivos del equipo de beisbol Arizona Diamondbacks ni de los Soles de Phoenix, de básquetbol.

Además, pidieron a los mexicanos no viajar por la aerolínea US Airways, con sede en Phoenix, y cancelar cualquier actividad turística en Arizona.

“Los méxico-estadounidenses exhortamos a hacer valer la presencia numérica en EU mediante magnas manifestaciones el próximo 1 de mayo, en las que el tema principal será condenar la legislación racista de Arizona”, expresó el consejero Raúl Murillo, adscrito a Los Ángeles.

Esperan miles de participantes en la prostesta.

Pidió a la comunidad hacer valer su influencia como votantes estratégicos en las próximas elecciones, y dijo que el boicot ya inició en Los Ángeles, a través del Sindicato de Camioneros, que ya dejó de viajar dos veces por semana a Arizona.

En la ciudad de San Francisco se decretó el pasado miércoles una moratoria a los viajes de funcionarios de su ciudad y a cualquier nuevo contrato con el estado de Arizona o empresas en esa entidad, como medidas de sanción contra la ley antiinmigrante.

El alcalde de San Francisco, Gavin Nuesom, y el cabildo de gobierno instaron a los residentes de San Francisco a no visitar Arizona ni a adquirir productos o servicios de empresas radicadas en ese estado.

Newsom dijo que las dos únicas áreas en las que San Francisco mantendrá viajes y relaciones regulares con Arizona son las de asuntos de salud y de colaboración entre autoridades policiacas.

Quedan suspendidos desde este miércoles los viajes y otras sanciones entre funcionarios y empleados públicos de San Francisco hacia Arizona.

El cabildo de gobierno de San Francisco analiza otras potenciales sanciones a Arizona, pero sin dar pie a que el gobierno o las empresas con sede en ese estado respondan con demandas legales por suspensión de contratos.

(con información de agencias)