La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) tuvo conocimiento de que el 27 de abril del año en curso una caravana que se dirigía al Municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, fue atacada por un grupo armado. La caravana estaba conformada por organizaciones civiles de derechos humanos, organizaciones sociales, observadores internacionales y periodistas. Como resultado de esta agresión, perpetrada en el paraje la Sabana del municipio de Juxtlahuaca, perdieron la vida Beatriz Alberta Cariño Trujillo, directora de Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS A.C.) y Jyri Jaakkola, observador internacional de nacionalidad finlandesa. También se tiene información de que otras personas de la caravana resultaron heridas, entre ellas Mónica Citlali Santiago Ortiz. Hasta este momento se desconoce el paradero de algunos integrantes, incluyendo a Érika Ramírez y David Cilia periodistas del semanario Contralínea.

La OACNUDH condena estos hechos y manifiesta su preocupación por el clima de violencia que ha prevalecido en la zona Triqui de Oaxaca, así como por la proliferación de grupos civiles armados en la región que operan sin control de las autoridades estatales. A esta Oficina la preocupa especialmente que el ataque haya impactado negativamente en periodistas, defensoras y defensores coartando el legítimo ejercicio de la defensa de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la información.

Esta Oficina destaca que a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos el Estado mexicano tiene el deber de prevenir cualquier tipo de violaciones y proteger los derechos a la vida y a la integridad personal frente a terceros. Esta obligación se torna particularmente relevante en una zona cuyo clima de violencia había sido previamente denunciada por diversas organizaciones de la sociedad civil. Por su parte, la Oficina había reflejado también en su Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos “Defender los Derechos Humanos: Entre el Compromiso y el Riesgo” el contexto adverso que defensoras, defensores y periodistas enfrentan en el desarrollo de sus actividades en la región.

La OACNUDH hace un llamado para que las autoridades responsables conduzcan una investigación imparcial, expedita y efectiva de los hechos que tenga como objetivo el procesamiento y, en su caso, la sanción de las personas responsables. Así mismo, exhorta a que las autoridades adopten las medidas necesarias para disminuir la tensión y la violencia en la zona Triqui, mediante el desarme de los grupos civiles y el establecimiento de mesas de mediación y diálogo entre las partes involucradas plenamente respetuosas de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, entre ellos su derecho a la libre determinación en los términos que señala la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Esta Oficina considera urgente que se conozca a la brevedad la situación de las personas cuyo paradero aún se desconoce y que se brinde atención médica adecuada a las personas heridas. La Oficina aprovecha para extender sus más sentidas condolencias a las y los familiares de las víctimas que perdieron la vida y su solidaridad con las personas que se encuentran heridas.

FORMAN GRUPO PLURAL DE DIPUTADOS FEDERALES POR VIOLENCIA EN TRIQUIS

MÉXICO D.F. El pleno de la Cámara de Diputados Federal aprobó la creación de un grupo plural de legisladores para que investiguen los hechos violentos de la región Triqui, en la que murieron dos integrantes de una caravana humanitaria –una mujer de origen poblano y un hombre de nacionalidad finlandesa.

La representación legislativa estará conformada por dos diputados del PAN e igual número por el PRI y PRD; así como un representante por cada uno del resto de las fracciones parlamentarias, y congresistas originarios de la entidad sureña.

El nombramiento de los representantes de cada partido lo realizará la coordinación parlamentaria respectiva y harás saber de su decisión a la Junta de Coordinación Política del Congreso Federal.

La Comisión estará en funciones hasta el 31 de agosto de 2010, periodo durante el cual tendrá que rendir informes periódicos sobre el avance de las investigaciones, ya sea al pleno de la Cámara de Diputados Federal o a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Los comisionados podrán solicitar reuniones e información a servidores públicos de los gobiernos federal, estatal y municipal; así como los expedientes a comisiones creadas en el pasado y que estén relacionadas con el tema.

Hasta el momento el grupo estará conformado por los diputados Guillermo Zavaleta Rojas, secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas; y Javier Corral Jurado, por el PAN; Juanita Cruz Cruz de la Comisión de Justicia y Leticia Quezada Contreras, ambas del PRD; y Heliodoro Díaz Escárraga del PRI, así como Florentina Rosario Morales, coordinadora de Derechos Humanos.

Estos representantes populares habían manifestado su interés de trasladarse a la zona de conflicto en primera instancia para exigir la presentación de los activistas desaparecidos, pero al quedar resuelto ese asunto esta tarde, ahora se abocarán a investigar los hechos violentos y la actuación de las autoridades respectivas.